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AUTOR: ROGELIO MONTENEGRO HERRERA
PROFESIÓN: Abogado
FECHA: 25/06/15
LUGAR: Alajuela, Costa Rica.
ICONO: 
EL DERECHO PENAL MODERNO TIENE RESABIOS DEL DERECHO PRIMITIVO
En la Extra, sección sucesos, el día 30/05/15 se publicó: “Las autoridades confirmaron hoy el hallazgo de los cuerpos de los padres y el hermano de la menor localizada ayer sin vida en Santa María de Dota. Pese a que aún no se ha esclarecido el móvil del brutal crimen, varias hipótesis han sido descartadas y otras toman fuerza. La versión más fuerte hasta el momento es que el señor se habría visto envuelto en un presunto robo millonario a un gringo que viajaba en un taxi. Al parecer el extranjero llegó a la casa de la familia y el nicaragüense le habría devuelto $3 mil se marchó y volvió supuestamente para cobrar venganza. Los cuerpos de los padres, identificados como María Haydee Miranda y Ramón Suárez, fueron encontrados hoy cerca del mediodía en márgenes opuestas del río Pirris, ambos presentaban heridas de arma blanca. La mujer se hallaba semidesnuda por lo que no se descarta que fuera abusada sexualmente. Abraham, de 11 años, fue encontrado sin vida esta mañana con varias heridas bajo una mata de café y cerca de su cuerpo las autoridades encontraron un teléfono celular. La pequeña Abigaíl fue hallada ayer en horas de la tarde en una cama dentro de su vivienda y con los ojos vendados y amordazada. La menor de 9 años presentaba severas lesiones en su cabeza, rostro y abdomen. No tenía puesta ropa interior”.
Resulta repugnante, sórdido, execrable que se den en nuestro país –con frecuencia- crímenes de lesa humanidad, que los especialistas entienden, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como: “crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad que comprende conductas tipificadas como asesinato, prostitución forzada…”, los cuales por encontrarnos ante una justicia fallida en nuestro país, algunas veces quedan en la impunidad.
Para que se tenga una idea en el derecho primitivo penal existía un gran margen de discrecionalidad de los jueces al aplicar la ley, lo que degeneraba en arbitrariedad. Fue el maestro de Milán en 1764 Cesar Beccaria Bonesana el primero que seriamente se preocupa por la aplicación del Principio de Legalidad, en donde solo las leyes pueden decretar las penas sobre los delitos, así como la autoridad reside en el legislador que representa a la sociedad unida por un contrato social.
Hoy día vemos como se dictan medidas cautelares inverosímiles, trepidantes, ante crímenes abominables, lo que permite muchas veces al delincuente burlar la justicia.
También existe tremendo umbral en el aporte y apreciación de la prueba, así muchas veces vemos como juicios que son sumamente onerosos para el Estado, son anulados en instancias superiores, porque la probanza no fue la idónea o porque los operadores de justicia han invertido la carga de la prueba, en consecuencia se despilfarra el erario público. También sucede que los jueces se distraen en las audiencias o le dan prioridad a su celular.
La pena muchas veces se impone arbitrariamente, así vemos que en casos similares, dependiendo de la provincia en que se conozca el asunto, notamos que la diferencia de la sanción es abismal o la sentencia es diversa.
En nuestro país no existe la policía nocturna, lo que impide la libertad de tránsito, prácticamente después de las 9 de la noche, por lo menos así sucede en el centro de Alajuela, en donde la localidad se hacina en su casa entre rejas, ya que las calles están en manos de la delincuencia, así asesinatos, violaciones, contrabando, asaltos y otros delitos son frecuentes. Aquí nos encontramos ante un grave problema de seguridad nacional y por otro lado la inoperatividad del Poder Judicial, porque cuando algún delincuente “hace de las suyas”, generalmente es puesto en libertad de forma inmediata, entonces vuelve a su oficio rápidamente, esto conlleva a una total impunidad y a una tonificación o estimulación al infractor para que acentúe su actuar delictivo.
Considero, que una Costa Rica desgarrada, desarticulada como la actual, en donde lo que existe es una caricatura de democracia, requiere urgentemente de métodos draconianos (Dracón: legislador ateniense que luchó vehementemente contra la arbitrariedad social), entonces necesitamos una policía profesional, polivalente, preparada por expertos en la materia y una Sala Constitucional menos alcahueta, que permita proliferar este remozar en la seguridad nacional, ello por cuanto los derechos humanos parecieran que solo favorecen al delincuente y dejan de lado los intereses del bienestar social.
Si bien es cierto que los menores de doce años son Inimputables absolutos y que los menores entre los doce y dieciocho años son Imputables y se les aplica la Ley de Justicia Penal Juvenil, existen en nuestro país pandillas de menores de edad que viven en la total impunidad, generalmente hurtan, asaltan, hacen grafittis y algunos hasta cometen delitos graves, aquí debe tomar nota el Estado para dar solución a este desaguisado.
Me pregunto si dadas las circunstancias descritas con antelación, principalmente Estado y Poder Judicial fallidos, aparecerá pronto en el ser humano el “ajuste de cuentas” de origen primitivo, inclusive proviene de la ley del Talión (permitía al individuo responder con un daño proporcional al que se le había causado), entonces la soberanía para castigar al infractor no sería resorte exclusivo del Estado, sino de los particulares, al igual que en la sociedad primitiva.
El problema consiste en que cuando las emociones, sentimientos e impulsos no quedan satisfechos por la debida aplicación de la ley, aunque se diga que sea justa mediante la retórica o demagogia, el sujeto no respeta la ley judicial y recurre a un sentimiento de venganza llevado por reacciones de orden sicológico, como se apuntó con antelación.
Cuando una persona no consigue lo que cree que merece porque ha sido lesionada en sus aspiraciones de bienestar, o ve frustrados sus deseos de posesión, puede darse en él un impulso especial destructivo en contra de aquello que le impide obtener lo que desea. Este impulso de revancha que no satisface el Estado se convierte en un deseo de venganza y el ciudadano toma la ley personalmente.
Otrora, las leyes eran oscuras, las sentencias carecían de fundamento de hecho y de derecho y hoy ¿acaso la situación es diferente? Hago una salvedad para aquellos jueces, fiscales y defensores estudiosos del derecho. Desgraciadamente el abogado y los profesionales en otras materias creen que el título forma al profesional, dejando de lado que el conocimiento requiere de un estudio actualizado continuo.
Alajuela, 25 de junio 2015
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